No intento detenerme en la, muy rasca, esgrima retórica política sino en aspectos que creo más de fondo y que afectan también a quiénes son hoy oposición, que se muestran sin convicciones ni proyecto político alternativo, frente a un gobierno retrógrado y conceptualmente atrasado unos 30 años.
Peor aún, los principales afectados serán los chilenos cuando sea tarde. Después de todo la vida no es siempre recursiva (¿o no kenky?).
Los ejemplos del proyecto político retrógrado que se impone con la anuencia de una oposición sin ideas son muchísimos (este artículo podría considerarse una primera parte si es que da la motivación para escribir las “n” partes restantes), por lo que partiremos con las intenciones privatizadoras que se observan en numerosas partidas de la Ley de Presupuestos. Como sabemos la Ley de Presupuesto es la expresión política concreta de los discursos y aunque el Gobierno aún no tiene las leyes específicas a las que aplicará los recursos que se discuten en estos días, se puede inferir cuáles serán las prioridades de gasto.
Así, en educación (especialmente la universitaria) y salud (entre otros) la evolución de las diversas partidas anticipan una retirada de la oferta pública directa de servicios y un incremento notable de la participación privada en la provisión de servicios públicos.
De hecho en el “Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011” se informa explícitamente que se aumentará prioritariamente la contratación de prestaciones privadas en el caso de salud y de las concesiones en el caso de las inversiones. En el caso de la Educación Superior se congela el presupuesto de financiamiento directo de las Universidades estatales y, se aumentan los recursos para pago de créditos con aval del Estado y otros subsidios de demanda en los diversos niveles educacionales.
La idea de fondo es la misma de los años 80. Subsidios de demanda, gestionados por privados, para salud, educación y otros servicios estatales y pareciera que los partidos políticos y parlamentarios de oposición han sido convencidos de la necesidad de cambios drásticos en esos temas. En más de alguna oportunidad personeros concertacionistas han dicho que el actual gobierno está haciendo lo que los de concertación no fueron capaces y/o no tuvieron los pantalones para hacerlo. Prefieren rosquear con la Ena Von Baer o discutir las elecciones del fútbol.
La idea de privatizar servicios era atractiva en los 80 cuando se realizaron varios experimentos en esa línea (especialmente en la Inglaterra Thatcherista y en los EEUU de Reagan) pero 30 años después existe la experiencia necesaria para rechazarlo por completo y, más bien, invertir en mejorar la gestión pública. Veamos algunas razones.
- Los subsidios de demanda imponen costos mucho mayores a la sociedad. De ese modo en USA se encuentran en el problema de reducir las prestaciones médicas mientras hay más de 40 millones de norteamericanos que no tienen, literalmente, donde caerse muertos en caso de enfermedad. En el caso chileno, el costo por asegurado en el sistema Isapre es unas siete veces mayor que en Fonasa. Algo análogo ocurre en la educación superior que, en condiciones de precios privados, deberá racionarse sólo para una ilustre minoría. De hecho en el parlamento ya se discute un alza de las cotizaciones provisionales destinadas a salud.
- Los servicios privados son difíciles de fiscalizar. De hecho algunos servicios privatizados de Inglaterra debieron ser re- estatizados por la mala calidad de las prestaciones privadas. En el caso chileno, el Transantiago es un ejemplo elocuente. Los problemas de “control de agencia”, “riesgo moral” y otros son tan inevitables como inaceptables en países civilizados. Ello sin considerar los problemas de “captura” (cuando los resultados del regulado son más importantes para el regulador que para el propio regulado) y corrupción (cuando tenemos obvias vinculaciones entre las autoridades y las empresas beneficiadas). Sin ir muy lejos, el Ministro de Educación es socio fundador de una Universidad privada y ello obviamente hace opaca la gestión de servicios públicos y onerosos los cambios de política pues obligan a “comprar” contratos con el Estado.
- La gestión de servicios públicos no es necesariamente mala. De hecho el año pasado se concedió el premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom y Oliver Williamson por sus aportes a la llamada Nueva Economía Institucional aplicada a la gestión de las instituciones que gestionan bienes comunes. Para decirlo en simple, es evidente que hay Universidades estatales, municipalidades, servicios de salud, etc., que funcionan mejor unas que otras e, incluso, a lo largo del tiempo, algunas de esas instituciones han tenido períodos de excelente, buena, regular y mala gestión. La cuestión no es de fe ni fundamentalismos teóricos, es de buenas prácticas y buena administración.
Para concluir (por ahora), la derecha chilena además pretende imponer el esquema privatizador bajo un marco normativo débil e inadecuado de manera que el fracaso parece garantizado y muy doloroso para los chilénidos.
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