En esta segunda parte discutiremos brevemente el rol del Estado en las economías modernas, las condiciones bajo las cuales debe intervenir y su papel en el logro de la justicia social.
El Rol del Estado
No debe olvidarse que en todas estas sociedades ha habido una discusión anterior que está referida a la organización de la sociedad en su conjunto y que está relacionada al “contrato social” inicial. Mediante este contrato los individuos, a fin de posibilitar una convivencia viable, habrían delegado el poder a un grupo dirigente para que se impongan normas y se garanticen ciertos derechos básicos relacionados a resolución de conflictos, seguridad, salud, y en una etapa más avanzada, propiedad, siendo esta la base del origen del “Estado”. En este sentido el Estado ha sido una institución que, a pesar de los cambios, ha existido en casi toda la historia de la humanidad, por lo que la discusión sobre el grado de centralización de las economías se hace más relativa.
El Estado ha intervenido en la organización económica de muchas formas a lo largo de la historia, destacando, más recientemente, su participación en los sistemas mercantilistas, y en el Estado Moderno, basado en la república democrática. Este último tipo de Estado liberal ha estado ligado a formas de económica capitalista.
Sin embargo, nunca ha existido en sentido estricto un “capitalismo puro”, sino que ante los problemas en el funcionamiento de ciertos mercados “denominadas fallas de mercado”, como la existencia de monopolios naturales, asociados a economías de escala o costos hundidos, u oligopolios, y la consecuente fijación de precios abusivos o productos de baja calidad, el Estado, como representante de los ciudadanos, ha asumido la potestad de imponer precios máximos (“regular”), fijar estándares mínimos de calidad por debajo de los cuales sancionar a las empresas, entre otras medidas que limitan las acciones de los agentes. El Estado también interviene ante otros problemas como las “externalidades” dados los costos sociales no internalizados en las decisiones privadas ni en el sistema de precios, como la contaminación, y la provisión de “bienes públicos” donde no existen incentivos suficientes entre los agentes para proveerlos (“problema del free rider”).
Intervención del Estado y justicia social
La organización de la actividad económica está más bien asociada a la necesidad de compatibilizar los criterios de justicia social con la generación de incentivos para que los individuos realicen sus potencialidades, tomen sus propias decisiones y contribuyan al bienestar de la sociedad. En la medida que un sistema de mercado sólo es buen asignador de recursos en cuando existe competencia suficiente, el Estado siempre tendrá un rol redistributivo, pues de lo contrario se generarán una serie de problemas de acceso y distribución desigual de la riqueza.
Este rol redistributivo debe estar garantizado por un acuerdo de la sociedad sobre un nivel mínimo de bienestar al cual debería tener acceso un ciudadano. Este nivel mínimo, tal como lo plantea John Rawls, debería surgir de un “contrato” entre los individuos de la sociedad. En la medida que un individuo está en una situación donde no sepa ex ante si tendrá una posición de privilegio o exclusión, es decir “todos están sujetos a un velo de la ignorancia”, el garantizar un nivel de bienestar mínimo surge como algo deseable para todos los individuos que participen en la sociedad (criterio del maxmin, donde en un contexto de incertidumbre los individuos no pueden asignar probabilidad a los escenarios posibles).
Una forma de garantizar este nivel mínimo es a través de mecanismos como los impuestos progresivos (mayores tasas a los que perciben mayores ingresos), mecanismo mediante el cual se pueden financiar servicios como la salud, educación, alimentación, que permitan a los individuos tener un grado similar de acceso a la “ciudadanía”. Este enfoque sería compatible con un sistema de propiedad privada e incentivos, y reduciría la posibilidad de un recorte de las libertades individuales, peligro de sistemas con mayor intervención estatal.
La existencia y poder de un Estado que imponga impuestos y realice una labor redistributiva, fije tarifas máximas o estándares de calidad, debe estar garantizada con un sistema participativo y democrático donde los individuos sólo tengan importancia en las decisiones por su condición de ciudadanos y no por su poder o riqueza relativa. Esta sería la única forma de permitir que el sistema económico actual sea dinámicamente estable y minimice los problemas de desigualdad de oportunidades, que es el tipo de desigualdad que una sociedad debería reducir, tal como lo plantea el premio Nobel de economía Amartya Sen, ya que impide el desarrollo de las capacidades de las personas.
Este arreglo “mixto” donde convivan mecanismos de mercado con un Estado fuerte que establezca límites al accionar de empresas o individuos a fin de garantizar el interés general, es consistente con la historia económica y acorde con los desarrollos de las teorías de la organización económica, específicamente con la denominada escuela de los “costos de transacción” (destacando los trabajos de Oliver Williamson). Estos costos están referidos a los costos en los que se incurre para que se lleve a cabo un contrato en un mecanismo descentralizado (“mercado”), y debe ser sopesado con la alternativa de organizar la actividad de forma más centralizada (“jerarquía”). En este sentido, la eficiencia relativa de cada mecanismo depende de aspectos tales como la naturaleza de las inversiones, el riesgo de oportunismo, la especificidad de las relaciones entre las partes, entre otros. En algunos casos serán eficientes las instituciones de mercado, dadas las ganancias del comercio y de la especialización, en otros será eficiente una organización más centralizada.
Por último, en la discusión sobre estos temas surgieron interesantes preguntas. Dos de ellas de particular importancia, la primera cuestionaba los supuestos de conducta de los individuos, en particular la búsqueda del interés propio y la necesidad de alinear los incentivos. Alguien mencionó que los individuos más bien se comportan asì producto de las reglas de juego existentes y que ese comportamiento no es inherente a la naturaleza humana, algo difícil de comprobar. Otra cuestión, asociada a la discusión entre el capitalismo y el socialismo, fue que el socialismo es, otra vez, inherentemente superior, en el sentido de tener una superioridad “moral” sobre el capitalismo. Este punto también es controvertido pues no permitiría en principio comparar ambos sistemas económicos.
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